La implementación de tecnologías de identificación para el control de tiempo y asistencia (T&A) en la región LatAm enfrenta un desafío significativo tras un reciente fallo judicial en la provincia de Río Negro, Argentina. La justicia provincial declaró inconstitucional la obligatoriedad del uso de biometría facial junto con la geolocalización para que los empleados registren su ingreso y egreso laboral.
Este dictamen no solo impacta a las instituciones públicas o empresas que buscan optimizar la gestión de recursos humanos mediante tecnologías avanzadas, sino que sienta un precedente legal clave sobre la protección de datos sensibles en el entorno laboral a nivel regional. El argumento central de la inconstitucionalidad recae en la desproporcionalidad de la medida de control y el riesgo que implica la recolección masiva de datos biométricos y de ubicación.
Desde la perspectiva de la seguridad de la información y la privacidad, los datos biométricos (como el mapa facial) están catalogados como información sensible bajo la Ley de Protección de Datos Personales argentina (Ley 25.326) y normativas internacionales como el GDPR, que influyen crecientemente en América Latina. Exigir la captura y almacenamiento de estos datos como requisito obligatorio para trabajar, sin una justificación de necesidad absoluta que no pueda ser cubierta con métodos menos invasivos, vulnera los derechos fundamentales a la intimidad y la dignidad laboral.
El uso combinado de biometría facial y geolocalización intensifica el nivel de vigilancia, transformando el control de asistencia en una herramienta de monitoreo constante y exhaustivo. La sentencia sugiere que, si bien el empleador tiene el derecho de controlar la asistencia, debe recurrir a medios que sean estrictamente necesarios y proporcionales al fin perseguido. Los sistemas tradicionales de acceso y T&A, como tarjetas RFID o incluso claves, aunque menos infalibles, son considerablemente menos invasivos que el escaneo facial combinado con el seguimiento GPS.
Este fallo debe servir de alerta para proveedores e integradores de soluciones de identificación y control de acceso en LatAm. Las implementaciones futuras en el sector corporativo y gubernamental deberán someterse a un riguroso test de proporcionalidad y necesidad, priorizando el principio de minimización de datos. El consentimiento del empleado ya no será suficiente si la obligatoriedad anula la libertad de elección. La tendencia apunta a que las organizaciones deben demostrar que no existen alternativas viables y menos invasivas antes de exigir la recopilación de datos biométricos sensibles para fines rutinarios como la asistencia laboral.