El sector agropecuario argentino se encuentra en alerta tras la decisión de las principales entidades rurales de solicitar la suspensión inmediata del nuevo esquema de trazabilidad impulsado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Este nuevo sistema de identificación y seguimiento digital, diseñado para optimizar el control sanitario de productos agroalimentarios y garantizar la confiabilidad de las exportaciones argentinas, ha generado un profundo descontento entre los productores. Si bien la necesidad de una trazabilidad robusta es indiscutible para la competitividad en mercados globales, la forma y el momento de su implementación son el foco del conflicto.
La trazabilidad implica la capacidad de reconstruir la historia de un producto, desde la producción primaria hasta el consumidor final. Para SENASA, esto se traduce en la obligatoriedad de utilizar tecnologías de identificación (ya sean códigos únicos, etiquetas inteligentes o, potencialmente, sistemas RFID) para registrar cada etapa de manejo, tránsito y procesamiento. El objetivo final es blindar la cadena de suministro ante riesgos sanitarios y cumplir con las exigencias de mercados de alto valor, como la Unión Europea.
Sin embargo, las cámaras rurales argumentan que la puesta en marcha de esta normativa impone una carga operativa y económica desproporcionada. La resistencia se centra en dos ejes principales: la falta de diálogo previo y el costo de adhesión. Implementar un sistema integral de identificación digital requiere infraestructura tecnológica, capacitación del personal y, a menudo, la adquisición de hardware específico para la captura y gestión de datos. En un contexto económico volátil, los productores señalan que este nuevo costo regulatorio se traslada íntegramente a sus espaldas sin una contrapartida clara en términos de eficiencia o precio.
El núcleo del problema reside en la gestión de la identidad del producto a lo largo de la cadena de valor. Mientras SENASA busca asegurar la identidad digital para la fiscalización, el sector productivo demanda que la tecnología sea accesible y escalable, especialmente para pequeños y medianos productores que carecen de la capacidad de inversión necesaria para estas soluciones RegTech (Regulatory Technology).
La solicitud de suspender el esquema no busca eliminar la trazabilidad, sino revisar los plazos, metodologías y subsidios o planes de financiamiento que permitan una adopción gradual y económicamente viable. Este conflicto subraya la tensión constante en América Latina entre la modernización de los sistemas de identificación gubernamental y la capacidad de la base productiva de absorber la inversión tecnológica requerida para cumplir con estas normativas de vanguardia.