La implementación de tecnologías de identificación avanzada, como la biometría, en la gestión de accesos residenciales se ha convertido en un punto de fricción legal y ético en América Latina. La reciente decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia actúa como un faro regulatorio, al prohibir tajantemente que los conjuntos residenciales exijan datos biométricos como única vía de entrada.
El núcleo de la controversia radica en la naturaleza sensible de la información biométrica. Al tratarse de datos únicos e irremplazables asociados a la identidad física, su recolección obligatoria para el simple ejercicio del derecho de propiedad y residencia constituye una violación directa del derecho fundamental al Habeas Data y a la privacidad, tal como lo interpretó el organismo regulador colombiano.
Este dictamen no implica la prohibición total del uso de tecnologías biométricas en seguridad, sino que establece una condición indispensable: la obligatoriedad. Las administraciones que deseen utilizar reconocimiento facial, huella dactilar o escaneo de iris deben garantizar y ofrecer a los residentes métodos de acceso alternativos y funcionales que no requieran la entrega de datos biométricos sensibles. Esto podría incluir tarjetas RFID, códigos PIN, llaves físicas o credenciales de proximidad.
Para el mercado regional de integradores y proveedores de soluciones de control de acceso, esta resolución subraya la necesidad de un enfoque dual. Ya no basta con ofrecer la solución más avanzada técnicamente; es imperativo asegurar que la implementación cumpla con los marcos legales de protección de datos vigentes en cada país, como la Ley 25.326 en Argentina o regulaciones similares en otros mercados LatAm.
La SIC refuerza que el consentimiento debe ser libre, previo y expreso. En un contexto residencial, donde la persona está obligada a ingresar a su hogar, el “consentimiento” obtenido bajo la amenaza de denegación de acceso no se considera válido. La decisión colombiana pone en alerta a los administradores de consorcios y desarrolladores inmobiliarios en toda la región sobre los riesgos legales de priorizar la conveniencia de la seguridad sobre los derechos fundamentales de los residentes.
El sector de la seguridad deberá pivotar hacia soluciones que equilibren la alta protección con la flexibilidad y el respeto a la autonomía individual, asegurando que la tecnología sea una opción y no una imposición para la identificación y el acceso a la vivienda.