La implementación de sistemas de control de asistencia basados en biometría, especialmente el reconocimiento facial, continúa generando debates legales en la región. Recientemente, la Justicia de Río Negro, Argentina, emitió un fallo significativo que valida el uso de esta tecnología en el sector de Salud provincial, desestimando la acción legal presentada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
El litigio se originó tras la puesta en marcha de un sistema de registro horario que utiliza datos biométricos faciales para asegurar la presencia y puntualidad del personal de salud. UPCN argumentó que esta metodología violaba la Ley de Protección de Datos Personales y que la captación de datos faciales, considerados sensibles, atentaba contra la privacidad de los trabajadores.
El fallo judicial se enfoca en un delicado equilibrio entre el derecho a la privacidad y el interés público superior. El tribunal determinó que, si bien el rostro constituye un dato sensible, el sistema implementado no vulneraba derechos constitucionales porque su finalidad era específica y acotada: la verificación de identidad exclusivamente para el control horario. La clave del dictamen radicó en que el uso de la imagen facial no implicaba su divulgación ni su almacenamiento centralizado fuera de los parámetros de seguridad establecidos por el sistema de control.
Un punto crucial en el análisis judicial fue la justificación de la necesidad. La provincia argumentó que la implementación del control biométrico era esencial para garantizar la prestación adecuada de servicios de salud, una función crítica de interés público. La Justicia coincidió en que la necesidad de combatir el ausentismo y optimizar los recursos sanitarios primaba sobre el reclamo gremial, siempre y cuando se mantuvieran las garantías técnicas de resguardo de la información.
Este precedente sienta una base importante para otros gobiernos y administraciones públicas en Argentina y Latinoamérica que buscan modernizar sus sistemas de gestión de personal mediante tecnologías de identificación avanzada. El mensaje es claro: los sistemas biométricos son legítimos para la gestión de recursos humanos en el sector público, siempre que la implementación respete principios de proporcionalidad, transparencia y límites estrictos en el tratamiento y almacenamiento de los datos sensibles capturados.
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